Los actos de las distintas Administraciones Públicas, Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos y de los muchos organismos dependientes de las mismas, causan daños al ciudadano por el funcionamiento normal o anormal de los mismos que este no tiene obligación de soportar y por los que debe se indemnizado. Y así puede ocurrir por ejemplo:
Sistema de salud pública por daños consecuencia de errores médicos por vulneración de la “ex artis ad hoc”, por incumplirse el derecho de información o funcionamiento normal o anormal de los servicios sanitarios.
Decomiso de bienes que no son devueltos o lo son en mal estado, inundaciones por estar mal dimensionado el alcantarillado o rotura de una conducción, accidente militar por paracaídas que no se abre.
Otros como haber sufrido prisión preventiva y ser luego absuelto, retraso en la tramitación de un procedimiento que causa daños y perjuicios que pueden ser incluso sólo morales.